El gobierno del PP ha incluido en el programa de reformas aprobado el pasado viernes el compromiso de elaborar un anteproyecto de Ley de Desindexación respecto al IPC para su tramitación parlamentaria durante 2013, y así garantizar su entrada en vigor en enero de 2014.
Con esta ley el gobierno español pretende eliminar la actualización automática de precios públicos, tarifas reguladas y rentas de las Administraciones Públicas en función del IPC y sustituir este índice por otro nuevo que no recoge la verdadera evolución de los precios. El índice de referencia será la “inflación subyacente a impuestos constantes” pero sujeto además a un tope máximo del 2%.
Este índice sería utilizado en el ámbito del sector público, pero el gobierno no oculta su deseo de que también se convierta en la referencia utilizada para actualizar los salarios en el sector privado. Sin duda, la patronal no dejará pasar esta oportunidad que el PP le sirve en bandeja.
No hay que olvidar que todo esto se da en un contexto en el que la reforma de la negociación colectiva ha modificado de forma extraordinaria la correlación de fuerzas en favor de la parte empresarial, debilitando este instrumento en manos de la clase trabajadora. Además, el gobierno ya ha adelantado que el nuevo índice también será aplicado por defecto en el ámbito privado, es decir, en caso de que no se concrete explícitamente otra referencia diferente.
Asimismo es importante mencionar que el INE ya elabora el nuevo índice para el conjunto del Estado, pero no realiza su cálculo para cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, es posible que en breve comience a desaparecer de la negociación colectiva una práctica bastante habitual en Hego Euskal Herria, como es la revisión salarial tomando como referencia el IPC de la Comunidad Autónoma Vasca o de la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, será necesario anticiparse a las inercias que puedan surgir e insistir en la conveniencia de adoptar las decisiones que nos afectan conforme a la realidad propia de nuestro país.
El gobierno del PP ha encontrado en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 un antecedente donde la patronal y los sindicatos CCOO y UGT renuncian expresamente a indexar o ligar directamente la actualización de los salarios a la evolución del IPC. Y ahora el gobierno de Rajoy en un supuesto “ejercicio de responsabilidad” asume como propio el esfuerzo que según dice “proponen los agentes sociales”.
El fin perseguido consiste en aumentar la competitividad-precio de la economía vía contención salarial, estableciendo para ello un mecanismo que mantenga la actualización de salarios bajo triple cerrojo. Por un lado, no se tendrá en cuenta la evolución de precios de los alimentos frescos y los productos energéticos, que son los más inflacionistas; por otro lado, se excluye el impacto en precios que provoquen las subidas de impuestos indirectos; y además se impone como límite el objetivo de inflación fijado por el BCE, el 2%.
En definitiva, estamos ante la vieja aspiración de encontrar una fórmula que refuerce una distribución de la renta mucho más favorable para el beneficio empresarial, eso sí, a costa de reducir la participación de los salarios en la riqueza producida. Se trata, en definitiva, de blindar un modelo de reparto de la renta que garantice un mayor trasvase de plusvalía al capital.
Pero esta estrategia competitiva sí tendrá “efectos de segunda ronda”: el empobrecimiento de la clase trabajadora, el debilitamiento de la demanda interna, la profundización de la crisis económica, y mayores incentivos para mantener un modelo productivo caduco, precarizador y poco acostumbrado a competir en calidad, en innovación tecnológica, y en cualificación y seguridad laboral.
Rafa Izquierdo, economista y miembro del sindicato LAB
Gasteiz, 2 de mayo de 2013
