El debate fiscal. ¿Hay que subir impuestos o gastar menos?
El año 2011 ha estado marcado por la crisis financiera y en el caso vasco por el debate fiscal que la susodicha crisis ha generado. La caída de la actividad económica ha generado dos efectos complementarios: unos menores ingresos fiscales y, en paralelo, básicamente por el incremento del desempleo, unos mayores gastos sociales. El resultado es un déficit público que no remite y cuyos efectos negativos sobre la sociedad se acentúan por la dificultad, y carestía, para financiarlo por los problemas generados con la deuda pública de la mayoría de los Estados de la UE y que en el caso del Estado español supone una prima de riesgo muy elevada.
Euskadi, sus empresas e instituciones, han tenido que afrontar unos intereses más altos e insostenibles en el tiempo.
En este contexto ha surgido el debate entre los que piensan que hay que reducir gastos a toda costa, lo que afecta a capítulos como la inversión en obra pública, ayudas sociales y, presumiblemente, en sanidad y educación; y los que consideran que hay que aumentar los ingresos fiscales a través de una mayor presión fiscal.
El problema es que una mayor presión fiscal sobre las clases medias puede producir elementos contraproducentes pues dejaría menos dinero disponible para el consumo lo que puede acentuar la crisis económica. Objetivamente la presión fiscal se ha reducido en Euskadi, y en el Estado español, en la última década.
El sindicato ELA, con datos de la CAV, recuerda que si la presión fiscal de 2009 no hubiese sido inferior a la de 2007, las arcas públicas contarían con unos 3.200 millones de euros más de recaudación. Según ella, la presión fiscal en la CAV es 9,6 puntos inferior a la media europea.
Los ingresos fiscales en el Estado respecto al PIB cayeron 5,5 puntos porcentuales entre 2007 y 2010, desde el 37,2% hasta el 31,7%, lo que le convirtió en el país de la OCDE que registró el mayor descenso de la presión fiscal en este periodo, según el estudio Revenue Statistics de la citada institución.
La fiscalidad más justa y progresiva es la directa en la que cada ciudadano paga en función de su nivel de renta pero tiene un problema de imagen, básicamente electoral, por lo que los partidos políticos optan por la fiscalidad indirecta, vía IVA por ejemplo, dado que la percepción de los contribuyentes de que están pagando impuestos es menor si se le cobra en una barra de pan que si se le retiene en la declaración del IRPF.
Así las cosas, se ha iniciado un movimiento para aumentar la presión fiscal en la CAV vía, entre otras medidas, de reponer el Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones o gravar los intereses de los depósitos bancarios. El problema es que estas medidas difícilmente llegan a los más ricos de la sociedad porque estos utilizan figuras como las SICAV que apenas pagan impuestos. En cambio llegan, y penalizan, a las clases medias que tras pagar sus impuestos, IRPF, IVA etc, ven como se penaliza el ahorro realizado porque ahora tendrán que afrontar una nueva carga fiscal. Y en el caso del Impuesto de Sucesiones o el de Sociedades hay que tener en cuenta que su alza puede perjudicar la competitividad de las empresas, en especial pymes familiares, que son las que generan el empleo.
Difícil equilibrio que no debe hacer olvidar que sí hay que reducir gastos pero sin cuestionar la financiación de los pilares básicos del Estado del Bienestar: sanidad, educación y pensiones. Pero ello no exime de que se busquen fórmulas para los que más tienen contribuyan más.
XABIER AJA, DEIA
