AUMENTA LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA LABORAL
El 21,5% de las personas empleadas por cuenta ajena ganaron un salario bruto inferior a 14.608 euros anuales en 2013, incluyendo pagas extras y otros complementos, así como horas extras y comisiones, según la información disponible sobre la distribución salarial en Hego Euskal Herria (INE). Esta cifra equivale a 14 pagas anuales de 1.043 euros en términos brutos, es decir, incluidas las retenciones a cuenta de impuestos y las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Por tanto, algo más de una de cada cinco personas asalariadas no llega a cobrar ni siquiera un salario mileurista por desempeñar su empleo principal.
Lógicamente, el tipo de jornada es un factor que influye de manera determinante en el salario. En este sentido, debemos puntualizar que entre las personas asalariadas a tiempo completo el 9% ingresaron una nómina mensual inferior a los 1.043 euros brutos. Mientras que este porcentaje se eleva al 80% entre quienes trabajan a tiempo parcial, un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres (más del 82%).
En los dos tramos retributivos más elevados se incluye a quienes perciben un salario mensual superior a 2.213 euros brutos (calculado en 14 pagas). Este grupo aglutina al 29,3% de las personas asalariadas.
Por último tenemos el grupo de remuneración intermedia, cuya nómina está entre los 1.043 y los 2.213 euros brutos. En él se concentra prácticamente la mitad de la población asalariada de Hego Euskal Herria, en concreto el 49,2%.
Pérdida de poder adquisitivo
Entre los años 2010 y 2013 el salario medio aumentó en términos nominales un 1,3% en Nafarroa y un 3,1% en los territorios de la CAV. Esto implica que los salarios han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo, ya que la inflación acumulada durante ese mismo periodo fue del 7,1%.
Sin embargo, las políticas de devaluación salarial están teniendo efectos muy desiguales sobre los trabajadores y las trabajadoras en función de múltiples factores relacionados con la edad, el género, la cualificación profesional, el sector, la rama de actividad o el tamaño del centro de trabajo, entre otros.
Si analizamos los diferentes estratos retributivos, entre 2010 y 2013 los salarios más reducidos han soportado de media una merma del 28,6% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación acumulada. Mientras que el salario real de quienes más cobran se ha reducido un 2,2%. Por tanto, cuanto más precarios y peor retribuidos son los empleos, mayor es la magnitud de la merma salarial. En concreto, la pérdida salarial de las personas peor remuneradas es 13 veces superior que la sufrida por quienes perciben los salarios más elevados.
Aumento de la desigualdad
Comprobamos, por tanto, que cada vez hay mayor desigualdad en la distribución de las rentas del trabajo. En 2010 el sueldo medio del tramo salarial más bajo era de 488,55 euros (ahora distribuido en 12 pagas), mientras que la nómina mensual del tramo más elevado ascendía a 4.312,54 euros. Por tanto, las personas mejor remuneradas cobraban por término medio 8,8 veces más que las del estrato salarial más bajo.
En el 2013 las diferencias salariales aumentaron. El salario medio de quienes menos cobran cayó hasta los 383,64 euros; y el grupo mejor pagado ingresó una media de 4.522,23 euros. De forma que, ahora, la brecha salarial entre las personas peor pagadas y las mejor remuneradas es de 1 a 11,8.
Este comportamiento de los salarios tiene mucho que ver con la pérdida del empleo y las bajas retribuciones asociadas a los nuevos contratos. Después de todo, son miles de personas las que se ven obligadas a aceptar niveles de extrema precariedad por razones de supervivencia.
Sin embargo, es evidente que esta estrategia de devaluación salarial ha sido promovida por los gobiernos del PSOE y del PP a través de diversos instrumentos, entre los que debemos resaltar las sucesivas reformas introducidas en aspectos centrales del mercado laboral y la negociación colectiva. El objetivo de estas reformas consistía en facilitar y abaratar el despido, potenciar la contratación a tiempo parcial, fomentar la inaplicación de convenios y el descuelgue salarial, limitar la ultraactividad, debilitar la negociación colectiva, socavar la función protectora de la legislación laboral, en definitiva, proporcionar un marco jurídico más ventajoso para los intereses empresariales.
Todas estas medidas han sido muy agresivas, tanto por su amplio alcance como por el carácter estructural de las mismas. Los efectos más inmediatos ya se han notado, y sus consecuencias han sido brutales: destrucción masiva de empleo, regresión en derechos sociales y laborales, precarización de las condiciones laborales, devaluación salarial, aumento de las desigualdades, y empobrecimiento de las clases populares.
Pero el impacto a más largo plazo todavía está por llegar, y vendrá condicionado por los nuevos desequilibrios introducidos en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.
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